Una cruz roja sobre una banda blanca en el brazo o en el pecho. Ese es el distintivo que profesionales y estudiantes de la salud están usando para que las personas lesionadas en las manifestaciones se acerquen a recibir primeros auxilios.

El importante número de personas lesionadas en las marchas, algunos de gravedad, debido al actuar de fuerzas policiales y militares, llevó a personas del área de salud a autoconvocarse voluntariamente a través de redes sociales para formar brigadas que se preocuparan de atender a los heridos que se registran en las manifestaciones.

Estas personas, que han actuado principalmente en Concepción, se separan en pequeños grupos, de tres o cuatro miembros, observan y caminan al lado de los manifestantes o gritan a viva voz para saber si alguna de las personas que participan en las marchas requieren una atención de primeros auxilios.

Los principales elementos para atender a las personas afectadas son suero fisiológico, apósitos, gasas estériles, tela adhesiva, bicarbonato, entre otras. Estas las obtienen con sus propios recursos o por insumos que le aportan sus facultades o aportes de personas que saben el trabajo que están haciendo.

BRIGADAS

Una de los grupos que se formó para realizar esta labor es la Brigada de Salud Concepción que la conforman profesionales titulados y estudiantes de las carreras del área de salud.

Fátima Acuña, enfermera y coordinadora del grupo, contó que actuaron porque vieron habían una gran cantidad de heridos y nadie que los asistiera, a los más, un poco de ayuda de los propios manifestantes.

"Vamos vestidos principalmente con uniformes de la carrera a la que pertenezcamos y, además, con un distintivo que es una cruz roja sobre banda blanca en lugar visible (…). Hicimos la difusión para que ese logo es el que buscarán si estaban heridos", expuso Acuña.

La coordinadora recordó que la primera intervención que hizo el grupo -en el que hay cerca de 130 personas de las cuales al menos 50 están activamente en todas las movilizaciones- fue en la marcha del lunes 21 de octubre.

Contó que ese día atendieron a más de 120 personas, la mayoría por perdigones o quemaduras provocadas por bombas lacrimógenas que les llegaban al cuerpo o debido a cortes y golpes.

"Nos dimos cuenta (los brigadistas) que muchas personas, de no haber recibido la atención que les brindamos, habrían quedado bastante más graves", expuso Acuña.

Carolina, miembro del centro de estudiantes de Medicina de la Universidad de Concepción y que participa en la brigada que formó la carrera -reúne a cerca de 40 alumnos-avaló lo expuesto por Fátima y opinó que lo más grave, es ver que las fuerzas policiales no estarían midiendo su accionar.

"Lo que más me llamó la atención es que asistí a personas con perdigones en la cabeza. Y qué significa eso; que no están disparando hacia los brazos o las piernas", expuso la estudiante de Medicina.

La dirigenta estudiantil agregó que la principal labor que realizan con las personas lesionadas es que las heridas provocadas no se infecten o evitar que sigan sangrando.

"Es generar la primera atención para disminuir el riesgo de complicaciones que puedan tener", sostuvo la joven, que manifestó que la atención que están realizando ha sido valorada por las personas.

Estas acciones también se unen al trabajo que la Cruz Roja también ha realizado activamente, especialmente en el centro penquista.

El día 15 de cada mes, la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones informa a la ciudadanía del nuevo cálculo que se hace para la tarifa del transporte público licitado del Gran Concepción. Este mes, cuatro días antes de que estallara el conflicto social en la Región del Biobío, la cartera comunicó que el pasaje subiría $10 respecto del valor vigente, llegando a los $530 que tiene hoy.

Aunque existen diferencias de forma en el cálculo, fue el aumento de $30 en la tarifa del Metro en Santiago -y que dejó al pasaje por sobre los 800 pesos-, lo que gatilló el descontento generalizado de la ciudadanía, que decidió manifestarse desde la semana pasada en las calles y que a medida que pasaban los días fue incorporando a la protesta algunas consignas históricas, como el mejoramiento de las pensiones, del suelo mínimo, el acceso a la salud y a la educación, entre otras.

Teniendo esto como antecedentes, para asegurar un cálculo más transparente para la tarifa local y evitar a nivel local alguna situación similar a la de la Región Metropolitana, el seremi de Transportes, Jaime Aravena, confirmó que están estudiando una nueva fórmula que permita dar mayor estabilidad a los valores actuales.

Actualmente la tarifa máxima del transporte local se calcula en base a un polinomio que considera cuatro variables: el valor del petróleo, de la mano de obra, el precio de los neumáticos y de la reposición del bus. Estos valores, precisó Aravena, están dados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), por lo que el ministerio no tiene incidencia en el valor final de la locomoción pública.

"Es absolutamente necesario al menos analizarlo. Nosotros tenemos una regulación que nos define cuál es la tarifa máxima a cobrar, un mecanismos claro y establecido, que tiene la ventaja por sobre todos los otros sistemas que tiene el país y es que refleja las alzas y las bajas tanto al usuario como a los dueños de los buses. Aquí no hay una cosa que esté cargada un poquito para un solo lado. Acá el pasaje tanto sube como baja, y eso le da un poquito más de transparencia a lo que ocurre en Santiago y otras partes del país", expresó.

Añadió que "tenemos que estudiar maneras de compensar de mejor manera las alzas, y yo creo que eso lo vamos a hacer sí o sí; es uno de los desafíos que tenemos y no puede ser a futuro, tenemos que verlo ahora, porque de lo contrario se va a replicar una situación que nadie espera. Yo creo que pasado este periodo, que esperamos que comience a retornar la calma, vamos a hacer un análisis de la situación".

AJUSTARSE A

LA REALIDAD

Juan Antonio Carrasco, investigador del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (Cedeus) y especialista en temas de transporte y movilidad, cree que si bien es correcto analizar una nueva fórmula para definir la tarifa, lo más correcto sería definir, a nivel de política pública, un valor máximo a pagar asociado, por ejemplo, a la canasta básica familiar.

"Actualmente la normativa de transporte público considera una fórmula que mide los insumos asociados, que están muy atados a la contingencia internacional, como el precio del petróleo, y que son bastante poco manejables desde la política pública. Pero el problema de fondo tiene que ver con de qué manera se financian las tarifas, porque estas variaciones no las puede manejar el Gobierno ni el Estado, y la clave tiene que ver con cómo se puede estabilizar el valor de la tarifa y que refleje un porcentaje adecuado a los costos de la vida", indicó.

La nueva fórmula, añadió Aravena, deberá aplicarse en la nueva licitación del transporte, que se espera pueda comenzar a regir a partir del próximo año. Esto ocurrirá siempre y cuando se llegue a acuerdo con los actuales operadores, ya que si bien las conversaciones están bastante avanzadas, aún no se ha zanjado el tema.

Esta modificación inmediata, explicó el seremi, corresponde a cambiar algunos indicadores del actual polinomio por otros que sean más transparentes. "Es difícil por ahora determinar si eso se va a traducir en que se reduzca el valor de la tarifa, pero sí que sea estable y haya más amortiguación en las variaciones", mencionó.

LOS CAMINOS POSIBLES

Para lograr cualquier cambio en la tarifa, mencionó Carrasco, es necesario que se revise la forma en la que esta se financia. Actualmente el transporte público local recibe un aporte de sobre $16 mil millones, lo que permite amortiguar en $90 el monto final.

"Hay que revisar de qué manera se utilizan afectivamente los fondos espejo para el transporte público, porque no se están ocupando para eso; tienen que servir para subsidiar más la tarifa y también para mejorar el sistema en su completitud y eso también puede significar tener un fondo de estabilización para que haya una decisión política que establezca que el valor del pasaje no puede ser cierto porcentaje de la canasta básica", indicó.

Otro aspecto que se debe revisar -enfatizó el investigador- es que se implemente la integración tarifaria entre los distintos modos de transporte que existen actualmente en el Gran Concepción, pero que también se puedan expandir a otros servicios que actualmente no están regulados, como Lota-Coronel y Tomé.

"Hay usuarios que tiene que tomar dos o tres buses, ellos podrían combinar con el Biotrén, lo que haría más fácil los viajes. Falta una serie de incentivos para mejorar el transporte público", finalizó.

Una de las acciones que la Brigada de Salud Concepción se encuentra realizando es elaborar un registro de las personas lesionadas que han atendido.

El objetivo de la medida es ver con estudiantes derecho, principalmente de la UdeC, acciones de las fuerzas policiales que eventualmente hayan sido desmedidas.

"Estamos haciendo la recolección de los casos más graves para tener el contacto de las personas y comenzar con las denuncias que se están tratando con el Instituto Nacional de Derechos Humanos", declaró Acuña.

Actualmente, hay registros audiovisuales y testimoniales de brigadistas atendiendo traumatismos oculares y fracturas expuestas por las bombas lacrimógenas.

Las personas que han realizado acciones de atención a los manifestantes han sostenido que el actuar de las fuerzas policiales ha sido desmedido en contra de personas que, mayoritariamente, se ha manifestado pacíficamente.