Pese a que este lunes volvían a clases los escolares del mundo municipal y particular, en el caso del Colegio República de Brasil los alumnos se encontraron a primera hora con las dependencias tomadas por un grupo de 40 estudiantes del recinto, por temas relacionados con Aula Segura y el TPP-11.

Daniela Campos, vocera del Centro de Estudiantes, comentó que "el 17 de junio citamos a una asamblea a todos los estudiantes mientras seguía el paro docente. Ahí votamos por la movilización y esta se extenderá hasta el miércoles por la mañana. La toma es en contra de una iniciativa como Aula Segura, que nos expone como criminales y no nos da facultades para defendernos ante las acusaciones. Lo del TPP-11 surgió en la asamblea y también nos hicimos parte".

Consultado por esta situación, el municipio de Concepción informó que durante la mañana de ayer se mandató a Gobernación solicitando el desalojo inmediato de las dependencias, el que hasta el cierre de esta edición aún no se concretaba.

El seremi de Educación, Fernando Peña señaló que "los reportes dieron cuenta de un retorno a clases con normalidad, de manera tranquila, a excepción de lo ocurrido en el Colegio República de Brasil. En diálogo con el sostenedor se recomendó realizar un desalojo inmediato".

Un recurso de protección firmado por representantes de 40 empresas que han sufrido ataques, en el contexto de la violencia rural en la Región del Biobío, presentó ayer en la Corte de Apelaciones de Concepción la Asociación de Contratistas Forestales (Acoforag) en contra del intendente y los gobernadores de las tres provincias que conforman nuestro territorio.

En la acción legal se solicita que el Estado de Chile, por medio de sus autoridades, desarrolle todas las medidas pertinentes a proteger las garantías constitucionales perturbadas o amenazadas por los diferentes hechos de violencia en contra de "trabajadores, empresarios y empresas contratistas forestales que tengan o puedan tener faenas en la Región", según se plantea en el documento.

En el recurso se detalla que son 59 ataques incendiarios los sufridos por los recurrentes en los últimos seis años en el Biobío.

René Muñoz, gerente de Acoforag, dijo que "encontramos que es totalmente atendible esta acción porque vemos vulnerados nuestros derechos constitucionales, en especial el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica de las personas. Y en segundo lugar el derecho a la propiedad privada".

En la asociación de contratistas también se destacó la circunstancia de que los atentados denunciados tienen un modus operandi similar. "Un grupo de personas armadas que irrumpe de manera imprevista, en lugares donde se desarrollan faenas forestales y por medio de la fuerza o violencia proceden a destruir lo que encuentren en el lugar", se indicó por parte de la entidad gremial.

Robinson Garrido, uno de los abogados que patrocina el recurso, explicó que por medio de éste se pide que las autoridades locales entreguen información sobre las acciones que se han realizado para garantizar los derechos mencionados en el escrito ingresado en la corte.

"DEL LADO DE

LAS VÍCTIMAS"

Si bien aún hay que esperar la definición del tribunal de alzada respecto a si acoge a tramitación o no el recurso, ayer se le consultó su opinión a algunas de las autoridades recurridas en ésta.

Sergio Giacaman, intendente de la Región del Biobío, señaló que no acostumbra opinar sobre temas judiciales, pero sostuvo que los contratistas están en su derecho de efectuar las medidas legales que estimen necesarias.

Agregó que como Gobierno siempre han estado de lado de las víctimas, lo que se ha traducido en un programa especial intersectorial en apoyo de los afectados por la violencia rural.

"El viernes estuvimos entregando un primer subsidio de vivienda a una persona que sufrió la quema de su vivienda el 18 de marzo del año pasado. Entregamos apoyo a emprendedores con Sercotec y otras instancias para que vuelvan a tomar sus iniciativas (...) Por el lado de la seguridad hemos presentado -cada vez que se produce uno de estos delitos- las querellas con la mayor velocidad posible. Por otro lado hemos trabajado en aumentar el despliegue de las policías, con mayor dotación y equipamiento para que hagan su trabajo de mejor manera", detalló Giacaman.

El intendente también recordó que a los afectados se les ha invitado a una mesa de trabajo que ha sesionado dos veces con la presencia de las policías, las personas que prestan servicios de transporte y los contratistas forestales. "Y esa mesa seguirá", aseguró la autoridad regional.

María Bélgica Tripailaf, gobernadora provincial de Arauco y otra de las autoridades aludida por la acción legal, complementó las palabras de Sergio Giacaman.

Mencionó que el año pasado, por el aumento de hechos ocurridos en el sector de Quidico, en la comuna de Tirúa, se estableció un retén de Carabineros. Además se trabaja en el copamiento de las rutas, lo cual tiene relación con el robo de madera en esa zona. Indicó que hay un fiscal preocupado de ese delito en específico.

"También trabajamos junto con la Policía de Investigaciones (PDI) en formar una brigada investigativa especial en Cañete para que llegue rápido a los sitios del suceso y así tener los medios de prueba para detener a los responsables", agregó la gobernadora Tripailaf.

La Red de Humedales del Biobío rechazó la manera en que el Concejo Municipal de Hualpén acogió una observación de la empresa Valmar respecto a mantener el uso del suelo del terreno que alberga al humedal Vasco da Gama en calidad de equipamiento. En una sesión extraordinaria realizada el viernes 26 de julio, el cuerpo de ediles revisó las observaciones de la comunidad, dentro del proceso de participación para conformar el Plan Regulador Comunal.

En la oportunidad se incluyó una observación de la empresa Valmar por el citado terreno de su propiedad, el cual colinda con el límite de la comuna. Originalmente ese paño era para equipamiento, pero el año pasado fue cambiado a zona de área verde. La inmobiliaria solicitó que regresará a su uso inicial, lo que fue acogido por el concejo hualpenino.

"Los resultados de la sesión de este Concejo deja vía libre al sector empresarial para la construcción de sus proyectos inmobiliarios, en estos ecosistemas cada vez más escasos a nivel país y de enorme importancia para la vida y para afrontar problemáticas mundiales críticas como el Cambio Climático", señalaron en la Red.

Una solicitud para la formalización de siete ejecutivos y operarios de Enap Quintero ingresó ayer en Concepción la representación legal de 825 afectados con la emergencia ambiental suscitada en agosto del año pasado en esa comuna perteneciente a la Región de Valparaíso.

El abogado Remberto Valdés presentó el escrito en las oficinas de la Fiscalía Regional del Biobío. La acción se desarrolló en nuestra zona porque la investigación sobre las emanaciones en Quintero es liderada por Marcela Cartagena, fiscal regional del Biobío.

"Solicitamos la formalización de la investigación del gerente general de Enap Quintero, de su ingeniero jefe y de cinco personas más vinculadas a puestos ejecutivos y operarios de la citada empresa por su participación criminal en delitos que se cometieron, a nuestro juicio, con convicción por ellos, en contra de nuestros representados en el proceso de intoxicación y contaminación de Quintero", señaló ayer Valdés.

Los delitos por los cuales se pide formalizar son la propagación de gases tóxicos, ya sea dolosa o culposa causando peligro o daño a la población. Se incluyó el ilícito de perjurio, ya que en opinión de los querellantes la empresa faltó a la verdad ante los organismos públicos al ocultar información que habría llevado más prontamente a establecer responsabilidades.

El abogado aseguró que está establecido en la carpeta investigativa que el buque de carga Monte Toledo hizo alije (descarga) el 3 de agosto de 2018 en nuestra zona, lo que causó la intoxicación y evacuación de más de dos mil personas desde el Mallplaza Trébol y en la clínica Biobío. Posterior a eso, el 21 de agosto, se generó la emergencia en Quintero.

"A sabiendas que esta situación se había producido acá, de todas maneras las autoridades ejecutivas continuaron con el transporte a Quintero a piscinas abiertas. Se aplicó una sustancia para reducir las emanaciones tóxicas, con un fracaso total", sostuvo el profesional.

Valdés opinó que es oportuno que a casi un año de estos hechos, y habiéndose comprobado los antecedentes que se solicitaron investigar, se formalice. Eso garantiza que el proceso se evacúe en contra de los ejecutivos y permite deducir las acciones civiles y las medidas cautelares procedentes.

Consultado acerca de la posibilidad de seguir acciones penales contra personal local de Enap, Valdés no lo descartó. Tampoco la opción que la causa sea radicada en nuestra Región, estimó el abogado querellante.

DECLARACIÓN

A raíz de la solicitud de formalización, desde Enap emitió una declaración en la que se indica que "respaldamos completamente y mantenemos plena confianza en la correcta actuación de nuestros trabajadores. Estos procesos son de largo aliento, continuaremos planteando nuestra posición y argumentos por la vía institucional y esperamos confiados el resultado final".

Según se indica en el recurso de protección de Acoforag, en lo que va de 2019 en la Región del Biobío se han registrado ocho atentados, los cuales afectaron a 14 empresas contratistas forestales. En la macrozona sur (Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos) estos hechos ascienden a 22 durante el presente año. Se señala que desde 2014 a la fecha en toda la macrozona sur se registraron 140 hechos de violencia rural. De esa cifra, un 42% de los atentados se produjeron en Biobío, un 46% en La Araucanía, un 9% en la Región de Los Ríos y un 3% en Los Lagos.