Por un lapso de 45 días se extendió el plazo de investigación en la causa relacionada por la muerte de una mujer en Talcahuano, hecho que se le imputa al conviviente de la víctima.

La solicitud fue realizada por el Ministerio Público, con el argumento de la complejidad de algunos peritajes científicos necesarios en la indagatoria. También hay diligencias que se mantienen sin completar en el contexto de la labor del ente persecutor.

El Poder Judicial informó que la jueza del Juzgado de Garantía de Talcahuano, Antonia Flores Rubilar, decidió otorgar la extensión del plazo. La investigación se sigue en contra de Rubén Carrasco Torres, quien fue el conviviente de Cristina del Carmen Tapia Hormazábal, la víctima.

La jueza Flores indicó que "se concedió lo solicitado, atendido que existían diligencias pendientes en esta causa por la complejidad del delito y peritajes de análisis químicos que se estarían realizando en la ciudad de Santiago y además, una análisis de la dinámica del hecho y del sitio del suceso".

Se agregó que las partes involucradas en el caso se mostraron conformes con la extensión, considerando el periodo acordado como razonable.

HECHOS

La muerte de Antonia Flores se suscitó en horas de la mañana del 21 de julio de 2014, en circunstancias que Carrasco Torres arribó a un domicilio situado en el sector de Las Salinas, en Talcahuano, lugar en donde Cristiana Tapia se desempeñaba como asesora del hogar.

Según la imputación que hace la Fiscalía, el hombre procedió a golpear a la víctima con puños y con un objeto contundente, lo cual le provocó una fractura de cráneo y hemorragias cerebrales. Bajo esas condiciones, la mujer estuvo indefensa, lo cual fue aprovechado por el imputado para causarle heridas mortales en la garganta.

El Ministerio Público también señala que posterior al ataque, Rubén Carrasco Torres golpeó a un niño de 10 años, a quien también le causó la muerte.

Además de imputarle los delitos consumados de femicidio y homicidio calificado, la Fiscalía también responsabiliza al hombre de hurto simple, ya que los antecedentes que posee el órgano persecutor apuntan a que el sujeto registró superficialmente el inmueble y sustrajo anillos de la víctima, dos notebooks y otras especies electrónicas con las que abandonó el lugar.

Por falta de pruebas quedó en libertad el único sospechoso de un femicidio ocurrido en Laja durante el fin de semana pasado. El contexto de este caso fue aprovechado por Marissa Barro, seremi de la Mujer y Equidad de Género, para insistir en la necesidad de denunciar los hechos de estas características.

Barro explicó que no fue posible realizar la formalización del sospechoso, dado que no se contó con su confesión ni con medios probatorios del delito.

"Entendemos que sí había denuncias previas del 2011, tanto de parte de la víctima como del cónyuge, por VIF (Violencia Intrafamiliar) en Carabineros, pero no sabemos si éstas llegaron a los Tribunales de Familia", comentó la seremi. Según la versión entregada por el sospechoso, el sábado éste habría llegado al domicilio de ambos cuando encontró a su cónyuge, una mujer de 58 años, sin vida.

Barro hizo el llamado a denunciar oportunamente y buscar ayuda y orientación en caso de ser víctimas o testigos de violencia contra la mujer. "El entorno tiene un importante rol en la prevención del femicidio. Seguimos insistiendo y haciendo un llamado al círculo cercano de todas aquellas mujeres que sufren violencia o todas aquellas personas que sean testigos de mujeres que están siendo víctimas de violencia a fin de que hagan la denuncia porque tenemos las instituciones, tenemos las herramientas, nuestro número 1455 de orientación y ayuda", afirmó.

El matrimonio tenía dos hijos de 28 y 25 años, quienes junto a un sobrino de la víctima, están recibiendo atención psicosocial reparatoria.

Apoyo legal

La seremi de la Mujer y equidad de Género indicó que se le ofreció la colaboración legal a la familia, en caso que ésta fuera necesaria.