Lo ocurrido este miércoles en el Congreso en materia pesquera es un hecho que nos preocupa como gremio, ya que agrega más incertidumbre e inestabilidad a una de las actividades relevantes de la zona, dijo Ronald Ruf, gerente general de la Cámara de la Producción y del Comercio de Biobío.
La opinión del gremio resume las impresiones que dejó la decisión del Congreso tras aprobar el proyecto de ley que fija como único arte de pesca del recurso jibia, la línea de mano o potera.
Esperamos, señaló Ruf, que quienes toman las decisiones evalúen el impacto que éstas tienen de manera directa en el desarrollo de las actividades económicas de la región y que este proceso sea acompañado de los argumentos técnicos, económicos y sociales que mejor reflejen la realidad.
capital económica
"La Región del Biobío necesita imperiosamente atraer nuevas inversiones y desarrollar proyectos que favorezcan el potencial que esta zona tiene para alcanzar el desafío de ser la Capital Económica del país", dijo Ruf.
El gremio pesquero industrial lamentó la aprobación de esta iniciativa que margina completamente a la industria de la captura de este recurso. "Eso implica no sólo la destrucción de los empleos en mar, sino también en las plantas de proceso", señaló la presidenta de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), Macarena Cepeda Godoy.
En esa línea, la ejecutiva llamó al Gobierno a respetar el ordenamiento vigente y a actuar con prontitud. "Este es un proyecto claramente inconstitucional, por lo que esperamos que el gobierno actúe en consecuencia con lo anunciado y cumpla con lo que ha prometido".
Asimismo, las principales compañías pesqueras de la región que se dedican al procesamiento de este recurso generando unos 2.000 empleos directos, la mitad ocupados por mujeres, también reprobaron la decisión de los parlamentarios.
ausencia de subpesca
Marcel Moene Muñoz, gerente general de Pacific Blu, precisó que la forma en que se discutió este proyecto en la sala del Senado fue lamentable. "En sus intervenciones los parlamentarios hicieron una infinidad de afirmaciones que no tienen el más mínimo asidero en la realidad y por otro lado, de manera totalmente, inexplicable, el Ejecutivo simplemente brilló por su ausencia; no estuvieron en la sesión las principales autoridades sectoriales, ni ningún técnico de la Subpesca que pudiera haber aportado información técnica y veraz".
Insistió en su convencimiento en que no existe ningún argumento técnico para prohibir la pesca de jibia con arrastre, puesto que no afecta ningún fondo marino vulnerable, porque la red simplemente no toca el fondo. Además, se trata de una captura limpia, porque no tiene fauna acompañante. "Las autoridades de Economía y Pesca saben esto último y no se puede entender que nadie puso una cuota de racionalidad en toda esta discusión".
"Confiamos y esperamos que el Gobierno cumpla su promesa de enviar el proyecto a revisión al Tribunal Constitucional, pero es lamentable poder constatar este proyecto que nació como moción de dos diputados haya llegado a esta etapa de tramitación sin que los argumentos técnicos y jurídicos, que siempre estuvieron disponibles para el Ejecutivo, se pusieran sobre la mesa."
sin opinión
Consultado insistentemente, el Subsecretario de Pesca, Eduardo Riquelme, declinó entregar opinión al respecto, pese a que respecto de dicha inconstitucionalidad, declaró públicamente en la edición del miércoles 2 de mayo de 2018 a través de este medio que: "Nos seguiremos oponiendo y esperamos que este proyecto no prospere. Esperamos hacer entender a los parlamentarios que más allá de este recurso en concreto y de las consecuencias que en este caso en concreto se puedan producir, las regulaciones del arte de pesca es una muy mala decisión". Exactamente un mes después, el 3 de junio, la autoridad declaró que: "La Subsecretaría ha tenido una posición consistente hace bastantes años en orden a que la determinación de los artes de pesca, es decir, la manera como se captura, es un resorte de la autoridad técnica de la Subsecretaría y no puede ser materia de ley, pues implica limitar la atribución que tiene la administración pública y desde ese punto de vista es un proyecto inconstitucional, ya que es iniciativa exclusiva del Presidente de la República".
Recordó entonces que en enero de este mismo año, la anterior comisión de Pesca declaró inconstitucional el proyecto y precisó que como gobierno no han descartado recurrir a las instancias que el ordenamiento jurídico contempla para hacer valer su punto de vista.
"Luego de ser testigos de una votación en la que se destruyen puestos de trabajo en momentos de inestabilidad económica como los que vive nuestra Región, no nos queda más que confiar en las palabras dichas por el Subsecretario, y que el Gobierno, en este tema, cumpla su palabra y acuda al Tribunal Constitucional", comentó el gerente general de la Pesquera Landes, Andrés Fosk.
Compromiso político
A juicio de Andrés Daroch Coello, gerente general de FoodCorp, de Coronel, esta fue una votación muy negativa desde el punto de vista de la seriedad legislativa y la certeza jurídica, porque se decidió un tema técnico y científico sin considerar opiniones técnicas y científicas, solamente desde el compromiso político.
"Si bien nuestra empresa no se ve afectada directamente, al no tener flota jibiera, vamos a seguir comprando jibia a los artesanales, pero ahora con condiciones distorsionadas que no permiten proyectar demasiado temas que son esenciales en cualquier actividad como los volúmenes de producción o las inversiones para el crecimiento de esta línea. Entonces, tenemos que una decisión política se termina convirtiendo en un problema económico para las comunas pesqueras. El escenario que abre esta votación es muy preocupante, porque instala la incertidumbre en toda la industria y si uno lo mira con atención, en todas las industrias".
En la tarde de ayer, trabajadores de plantas y flotas de la región decidieron que hoy marcharán desde la Plaza Perú a la Intendencia regional a partir de las 10 horas, para hacer sentir su postura frente a esta situación.
