Ya se inició la consulta pública correspondiente a la última etapa de elaboración de la 11ª modificación al Plan Regulador Metropolitano de Concepción (Prmc), que integra las comunas de Concepción, Tomé, Penco, Talcahuano, Hualpén, Chiguayante, Hualqui, San Pedro de la Paz, Coronel, Lota y Santa Juana.

Esta estrategia de planificación permite, entre otras cosas, definir las zonas de extensión urbana, la vialidad metropolitana, limitación de las áreas en donde se pueden realizar actividades productivas e infraestructuras de impacto intercomunal.

Hasta el día 21 de diciembre se recibirán observaciones a través de un formulario que puede ser entregado presencialmente en la Seremi de Vivienda y Urbanismo, como también de forma digital por medio de correo electrónico en la página prmconcepcion.cl.

Todos los documentos de la propuesta -memoria explicativa, planos y ordenanza- estarán disponibles en el hall del Gobierno Regional (Prat 525) mientras dure la consulta, como también en la misma página web del Plan.

Regulaciones

El seremi de Vivienda y Urbanismo, Emilio Armstrong, expresó que "hemos lanzado esta consulta pública para que todos aquellos que quieran opinar y dar sus observaciones fundadas, lo pueden hacer".

El seremi declaró que el proceso participativo no sólo tiene como objetivo recoger observaciones de la ciudadanía, sino que también busca informar sobre los alcances del Prmc, aclarando cuáles son sus facultades.

En ese sentido, recalcó que las materias que competen son las zonas productivas e industriales, las áreas de extensión urbana y la definición de vías intercomunales.

"Hay ciertas situaciones que preocupan a los vecinos, como la altura de los edificios, pero que son resueltas en los planes reguladores de cada comuna. Y eso es lo que queremos transmitir e informar, porque muchas temáticas que nos hacen llegar tienen relación con el plan comunal y no el metropolitano", agregó Armstrong.

Respecto a la conservación de humedales y otros lugares de valor natural, el jefe del Departamento de Desarrollo Urbano de la seremi de Vivienda, Miguel Ángel Hernández, aclaró que la protección oficial no es una atribución del plan metropolitano según Contraloría.

Pese a lo anterior, explicó que las figuras de área verde intercomunal y parque metropolitano pueden proteger del avance urbano a estas zonas de alto valor ambiental. El nuevo Prmc incorpora 46 zonas a esta clasificación.

Plazos

Después de la consulta se elaborará el documento, que incluirá las modificaciones planteadas por la comunidad y que, según el Minvu, sean pertinentes para la estrategia. Este texto será revisado por el Consejo Regional, órgano que deberá aprobarlo.

Una vez que todo esto concluya, el documento final se publicará en el Diario Oficial, lo que quedará saldado el año 2020.

El anuncio causó sorpresa. Y es que el jefe de división de Educación Superior del Ministerio de Educación (Mineduc), Juan Eduardo Vargas, en el marco de un seminario del foro educacional Aequalis en Santiago, anunció que el Ejecutivo ingresará un proyecto de ley misceláneo para modificar una serie de aspectos de la nueva ley de educación superior, que tras dos años de discusión se promulgó en mayo de este año.

El punto que ha generado mayor interés entre las casas de estudio tiene que ver con cambios a los plazos de acreditación, que incluso involucran la revisión del reconocimiento ministerial en caso de que no haya certificación de la calidad en la formación, tal como distintos actores señalaron durante los últimos meses.

A nivel local, al menos catorce instituciones verían afectado su proceso de acreditación considerando los plazos actuales, razón por la cual se valoró la decisión tomada por el Mineduc.

CAMBIO NECESARIO

En la Universidad Católica de la Santísima Concepción (Ucsc) ya se iniciaron las primeras gestiones para su proceso de autoevaluación, previo a noviembre de 2020, cuando vence su certificación por cuatro años.

El rector Christian Schmitz señaló que "el proyecto de ley se piensa desde una base realista. Lo solicitamos desde el Consejo de Rectores, de la Red de Universidades Públicas no Estatales (G9), incluso la CNA lo dijo. Se planteaban plazos utópicos y difíciles de cumplir, con un cronograma centrado en el aseguramiento de calidad, dando solo un año para contar con los nuevos estándares de evaluación".

Sobre la situación actual del plantel, detalló que "hoy se trabaja con un alto costo e incertidumbre en base a estándares que creemos que pueden ser los nuevos. Esas suposiciones generan un proceso de autoevalución que carece de toda certeza y propósito que contribuya a asegurar la calidad de la educación".

En el caso de la Universidad del Bío-Bío (UBB), los plazos no alterarán el proceso de acreditación que actualmente llevan en curso, con la autoevaluación. El rector Mauricio Cataldo manifestó que la ley, en este punto, es perfectible, ya que "una de las cosas complicadas es que se establecen plazos poco realistas, y que aún no se tiene mucha certeza sobre los indicadores que se utilizarán para evaluar a las universidades. Es un gran avance el hecho de que esto se revise y se establezcan plazos más realistas; pero es clave que estos cambios se hagan en diálogo con las universidades".

Su par de la Universidad Federico Santa María (Utfsm), Darcy Fuenzalida, explicó que "los plazos de instalación que dispone la ley es necesario ajustarlos. Son plazos estrechos, superponiéndose a los requerimientos de acreditación. Es un tema que es necesario corregir. Ahora, es importante que esto se haga por medio de una ley corta, ya que se deben hacer los ajustes; urge modificarlos, ya que hay universidades entrando a procesos de acreditación, con condiciones aún no resueltas".

El porqué

Juan Eduardo Vargas, jefe de división de Educación Superior del Mineduc, detalló que "uno de los elementos que no quedó en la ley es el tránsito para el establecimiento de estándares de acreditación, lo que ha generado coincidencia en el diagnóstico, ya que sabemos que las instituciones se preparan con anticipación para los procesos de autoevaluación".

Vargas reveló la semana pasada que "hay un espacio de mejora que hemos definido, tomando el toro por las astas y pensando en trabajar una ley miscelánea que corrija esto. Las instituciones no pueden acreditarse con estándares que no conocen".

Sobre los plazos actuales, el rector Christian Schmitz señaló que "ya existen atrasos que hacen imposible alcanzar las metas y cumplir con lo propuesto con los legisladores. Es una ley imperfecta, que salió a través de jornadas extensas de trabajo de los parlamentarios, muy apresuradas y con visiones políticas que no contribuyen a la calidad de una buena ley. Lo reclamamos y se ve que teníamos razón, ya que se escuchó el planteamiento".

CAPACIDAD DE DIÁLOGO

Daniel Rodríguez, director ejecutivo de AcciónEducar, centro de estudios de educación superior y presente en el seminario donde se realizó el anuncio, valoró la postura del gobierno en esta materia.

"Todo se había hablado al margen de lo oficial, pero nada concreto. Fue sorpresivo el anuncio llamando a legislar una ley corta, modificando plazos y estándares de acreditación. El anuncio es preciso y da cuenta de la voluntad de revisar la ley, que tiene varios problemas, interviniendo aquellos aspectos. Eso es una excelente noticia", aseveró.

Además, dijo que el actual escenario es extremadamente complejo: "No hay dos opiniones respecto a que la ley como está es imposible de ejecutar, tanto con los plazos de acreditación como la puesta en marcha de la nueva CNA y de la Subsecretaría de Educación Superior. Esos procesos deben ser piloteados, probados en una universidad, ya que no podemos imaginarlo en un escritorio y ejecutarlo sin las pruebas necesarias".

Avanzan las gestiones en torno al proyecto Parque Científico y Tecnológico de la Región del Biobío (Pacyt), proyecto público-privado que busca reunir a cuarenta empresas de base tecnológica en los predios La Cantera y El Guindo, de 91 hectáreas, traspasados por la Universidad de Concepción (UdeC) a la Corporación Pacyt.

El primer paso serán las obras de urbanización, por un monto cercano a los $13.800 millones, a cargo de la constructora Valko S.A. Luego del reingreso de la carpeta de antecedentes para la toma de razón de esta licitación, tanto el intendente Jorge Ulloa como el rector de la UdeC, Carlos Saavedra, han sostenido distintas reuniones para destrabar la tramitación y evitar que se repita lo ocurrido en abril, cuando el ente contralor desestimó tomar razón por tener dudas respecto a una inversión con fondos públicos en un terreno de privados.

En ese contexto, el intendente y el rector se reunieron en Santiago con el contralor nacional Jorge Bermúdez, con el fin de entregar detalles del proyecto y allanar el terreno ante una futura decisión.

Luego del encuentro, la máxima autoridad regional comentó que el encuentro no solo fue importante, "sino que fue muy útil. Es relevante que hayamos podido conversar con él, sino que además tuvimos una buena recepción con el rector Saavedra". Además, dijo que el contralor "debe revisar que las indicaciones que se hicieron sean respondidas, pero vimos una buena disposición para recibirnos, con una sana conversación y espero que todo esto llegue a buen término".

Sobre el ingreso de nuevos antecedentes esta semana, Ulloa dijo que estos "buscan que la presentación cumpla para saldar las observaciones de Contraloría". Entre los antecedentes estaría la cesión de terrenos en comodato, el modelo de negocios y un nuevo convenio entre la UdeC y la Corporación Pacyt.