Entre las variadas actividades que cumplió en la jornada de ayer la embajadora de la Unión Europea, Stella Zervoudaki, se reunió con empresarios de Biobío en una actividad a la que también asistieron la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, Eduardo Abarzúa, codirector del Proyecto Fomento a la Igualdad de Género en el Trabajo de la Universidad Alberto Hurtado y Roxana Martinelli, de ONU Mujeres.

Allí, en el auditorio de Irade, se analizó la realidad del Biobío en autonomía y competitividad económica de las mujeres y la participación laboral femenina de la Región, que es del 43%, más baja que el promedio nacional que es de un 48%.

La ministra , Isabel Plá, sostuvo que el Gobierno tiene una hoja de ruta sobre equidad de género que está compuesta por cuatro ideas fuerza que tendrán incidencia en la Región. "Uno es la igualdad de derechos y deberes en la legislación; el segundo la autonomía económica; un tercer pilar es la tolerancia cero a la violencia y el cuarto pilar se refiere a las posiciones en altos niveles de liderazgo para las mujeres en los directorios, en las universidades, participación en ciencia y tecnología, además de la participación de las mujeres en la cultura y en la política".

En esta línea la embajadora Stella Zervoudaki agregó que "el liderazgo y el empoderamiento económico de las mujeres son temas prioritarios para La Unión Europea. Mejorar la igualdad de género y la situación de las mujeres, no es sólo un tema de derechos humanos de las mujeres, sino que también representa una contribución al crecimiento empresarial y al desarrollo económico general".

El mundo empresarial, a través de Patricia Cabalá jefa de operaciones de ENAP, sostuvo que "hay un espacio de trabajo para avanzar en la incorporación de más mujeres en cargos de liderazgos y directivos. Estos espacios de conversación, donde cada actor desde su sector, analiza y propone iniciativas de igualdad, es lo que se necesita en la Región".

Concepción tradicionalmente ha sido una ciudad donde los precios de los combustibles están entre los más altos del país, una cuestión para muchos a lo menos curiosa, considerando que estos se producen en la refinería Biobío, en Hualpén.

Desde enero a la fecha, el precio de la bencina de 95 octanos ha subido un 7,6% en la comuna penquista, según datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE) en base a los precios a público informados por las estaciones de servicios.

Este es un mercado de alta competencia, por lo tanto la determinación del precio se explica, en parte, por la interacción de la oferta y la demanda. Además, están sujetos a la aplicación de impuestos específicos, que se instauraron en 1986 con el fin de financiar la reconstrucción de caminos y carreteras tras el terremoto de 1985.

La pregunta que surgen entonces es si se justifica este tributo hoy cuando la mayoría de las carreteras son concesionadas y, por otro lado, si esto significa que los consumidores pagan tributos dos veces.

doble gravamen

Consultados algunos expertos como Marcelo Laport, socio del departamento de Servicios Tributarios y Legales de PwC, explica que "en el cálculo del impuesto a los combustibles, no hay impuesto sobre impuesto, ya que el IVA (19%) se calcula sobre el precio de venta del combustible y el impuesto específico se aplica sobre el volumen de combustible. Lo que sí existe es un doble gravamen sobre el mismo bien, como es el combustible".

Precisa que por otro lado se señala que este es un gravamen que cuida el medio ambiente, "pero si ello fuera así, se debiera gravar más el diésel que la bencina y ello no sucede. Parece que este impuesto se mantiene porque es de fácil recaudación y control".

El Fisco recauda por esta vía unos US$2.000 millones anuales.

Al respecto, Laport señala que el impuesto a los combustibles representó el año 2017 un 5,3% de la recaudación neta de impuestos. "El ingreso por este tributo alcanzó con el dólar de hoy a US$2.454 millones, lo cual es muy relevante y una eliminación del tributo determinaría una rebaja importante en los ingresos de la nación".

No obstante, cree que este tributo debe ser analizado, porque no tiene una justificación lógica, más allá de recaudar impuestos.

"Se supone que un impuesto específico busca lograr un efecto en la sociedad, como por ejemplo, desincentivar el consumo de algo negativo, pero hoy como está planteado, ese objetivo no se cumple", sentenció.

Coincidente con ello, Valentina Rosselli, economista Jefe de Econsult precisa que el impuesto específico a los combustibles representa más del 5% de ingresos tributarios del fisco, lo que equivale a $1.742.824 millones (proyectado 2018), y en un contexto como el actual, es partidaria de mantenerlo, ya que de eliminarse, habría que compensarlo subiendo otro impuesto o disminuyendo el gasto.

composición del tributo

Valentina Roselli detalla que el impuesto está compuesto por un componente base (1,5 UTM/m3 para el diésel y 6 UTM/m3 para la gasolina) y un componente variable que es un mecanismo integrado por impuestos o créditos fiscales específicos que cuando el precio de la gasolina exceda un precio de referencia, operará un crédito fiscal cuyo monto por m3 será la diferencia entre ambos valores.

Carlos Smith, director de Ingeniería (E) en Administración, de la Universidad Del Desarrollo, dice que en este mercado las grandes empresas, que concesionan los locales, fijan los precios con ciertos márgenes, donde el concesionario no tiene mucho que determinar. "Es un mercado donde se da mucho el paralelismo de precios, que muchas personas confunden con colusión, pero no es el caso".

En términos de la justificación del impuesto específico, estima que el tributo debe permanecer, ya que una baja o eliminación provocaría un aumento en el uso del automóvil generando más congestión y contaminación. Por otro lado, sería una medida muy regresiva, puesto que beneficiaría más a las familias de mayores recursos, que poseen más autos y que gastan más también, por lo que se les generaría una disminución de su gasto en este ítem".

Desde Enap explican que ellos no fijan ni determinan el precio de venta a público. La empresa vende a mayoristas a un valor único equivalente al costo de paridad de importación, es decir, lo que le costaría a cualquier particular traer ese producto desde el mercado de referencia (Costa del Golfo de México) y venderlo en el país.

Dado que en Chile rige un esquema de libertad para fijar los precios de los combustibles, cada distribuidor puede cobrar a los consumidores finales el valor que estime. Con ello, el precio final de venta en una estación de servicio de los distintos combustibles es el resultado de la suma del costo que cobra Enap con los impuestos, más el margen del distribuidor mayorista, más el costo de transporte y logística, a lo que se suma el margen de cada distribuidor minorista.