Plantean necesidad de especializar a jueces y fiscales en área penal juvenil
La especialización de los componentes del sistema y garantizar el cumplimiento de los derechos de los imputados son dos aspectos urgentes que se deben mejorar en el marco de la justicia penal dirigida a menores de edad, antes de endurecer las sanciones adscritas a delitos cometidos por una parte de este segmento de la población.
Esa es la opinión que emana tanto de la Defensoría Penal Pública del Biobío como la de Fundación Tierra de Esperanza, institución que trabaja temáticas sobre infancia y adolescencia, al ser consultadas por los anuncios efectuados por el Gobierno en orden a aumentar las penas para los menores infractores de ley.
Esta postura fue revelada por el ministro del Interior, Andrés Chadwick, en Cañete, tras asistir al funeral del cabo primero de Carabineros, Óscar Galindo, quien falleció por disparos perpetrados por un joven de 17 años en La Pintana.
Osvaldo Pizarro, defensor público regional del Biobío, estuvo de acuerdo en la necesidad de efectuar modificaciones en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, pero en lo que concierne a la especialización de jueces y fiscales, uno de los principios rectores planteados en esta norma.
"(Se requieren) salas especializadas, con jueces especializados, pero no solo en la etapa previa (de los procesos), sino que también en la ejecución que es una de las materias olvidadas en este tema", comentó Pizarro.
Karina Zuchel, directora técnica de la fundación Tierra de Esperanza y sicóloga experta en justicia penal adolescente, concuerda respecto a la necesidad de fortalecer la especialización en este ámbito. "Trabajamos con personas con características significativamente distintas a la de otros grupos, la Criminología a estudiado a los adolescentes que han cometido delitos y debemos ponemos variables criminológicas en la intervención", dijo.
Agregó que la experiencia internacional sostiene que endurecer las penas o aumentar el encarcelamiento no colabora con la disminución de los delitos, y menos en adolescentes, porque se trata de seres humanos que están desarrollando su personalidad y si son enviados a una cárcel o se endurecen las penas lo que se consigue es reafirmar que tienen una identidad delictiva.
DELITOS
La percepción que generan casos mediáticos como el del cabo Galindo es que los jóvenes están vinculados de manera importante en delitos graves, como el homicidio. Pizarro y Zuchel aseguraron que las estadísticas indican lo contrario.
La Defensoría Penal Pública en el Biobío registró 2.343 causas ingresadas en 2017 que tenían relación con menores de edad. Ese cifra corresponde al 7,5% del total de causas generales vistas por esta entidad el año pasado (la Defensoría Penal Pública aborda alrededor del 96% de los casos penales totales en Biobío).
"La percepción ciudadana, en cuanto a que los menores comenten delitos graves, es errada, estadísticamente, del 100% de las causas, el 26% son por delitos de hurto, 14% por delitos contra la propiedad y 11% por delitos de robos", indicó el defensor público.
"El porcentaje de delitos graves cometidos por adolescentes es muy bajo y preferente es contra la propiedad, los casos graves son la excepción, lo que no quita que haya que prestarle atención", comentó Zuchel.
La sicóloga argumentó que otro de los aspectos que deben ser modificados en la ley es la dificultad de coordinar a los actores que participan en ella, como Salud o educación. "En la ley se dice que hay que garantizar los derechos y en muchos centros en Chile no hay educación, con lo que se vulnera ese derecho. Hay centros en donde sí hay educación, pero cuando el menor sale queda descolarizado", ejemplificó.
Otra situación grave que se debe cambiar, en opinión de Osvaldo Pizarro, es cuando un adolescente comete un delito y con posterioridad comete otro siendo adulto. El abogado explicó que procesalmente esa persona deberá cumplir la sanción del delito mayor (el que cometió como adulto) y luego la del ilícito hecho cuando era menor de edad, para lo cual es derivado a un recinto de menores.
"Un tercer cambio tiene que ver con mejorar el aparataje estatal asociado al Sename, respecto al monitoreo y cumplimiento de sanciones que no son privativas de libertad, lo cual requiere una vigilancia más estricta para asegurar que se cumplan, y así lograr la reinserción, rehabilitación y reeducación, que es el objetivo de esta ley", mencionó.
Karina Zuchel afirmó que si bien hay cambios que hacer en la norma, ésta fue un paso importante respecto a lo que ocurría en el pasado con los menores infractores de ley, ya que no tenían un debido proceso, eran enviados a cárceles comunes (con unidades especiales) y las condenas no eran específicas para su edad.