Bajo la consigna de evitar el cierre de los colegios de sus hijos y respondiendo al llamado de la Confederación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares Subvencionados, Confepa, alrededor de 180 personas marcharon por el centro de Concepción solicitando la modificación a la reforma educacional. Todo esto ante la aprobación de la nueva Ley de Inclusión, que sostienen que pondrá fin a la labor de los establecimientos particulares subvencionados en el país.

La norma, que pretende disminuir la segregación en el sistema escolar, tiene detractores, principalmente por la situación de los niños con capacidades distintas.

Así lo afirmó Lilian Sepúlveda, cuyos hijos de 15 y dos años tienen distintos tipos de discapacidad. "Nos hemos enterado que con esta nueva ley van a cerrar los colegios diferenciales de nuestros hijos, lo que es bastante complejo. Yo ya viví lo que es tener a un hijo con problemas de discapacidad en un colegio tradicional, en el que ni los profesores ni la infraestructura está preparada para poder recibirlos", señaló.

Al respecto, la apoderada especificó que "los únicos establecimientos que están medianamente preparados para ello son los colegios diferenciales, y con esta medida nos quedaremos sin poder inscribir a nuestros niños".

Alberto Valenzuela, presidente regional de la Asociación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares y Subvencionados (Aspacps), declaró que "las autoridades nunca nos han escuchado. Ahora que vienen las elecciones esperamos hacernos sentir y que se respete el derecho de los padres a elegir dónde matricular a sus hijos".

Similar opinión es la de Alex Bahamondes, presidente del Centro de Padres y Apoderados del Colegio Aurora de Chile Sur, quien afirmó que de seguir así, los colegios municipales no tendrán la capacidad para recibir al alumnado. "Esta ley está muy mal hecha, no favorece ni a los colegios subvencionados ni a las escuelas especiales y nuestros hijos con capacidades especiales merecen establecimientos donde puedan recibir una adecuada educación", precisó.

Ante el poco tiempo para trabajar en una solución, las diferentes coordinadoras y organizaciones educacionales buscan incrementar las medidas de presión, todo con tal de encontrar una solución al respecto. "Queremos poder generar una ley corta, por eso queremos llegar al Congreso, buscamos el apoyo de diputados y senadores para que nos escuchen y podamos resolver estos problemas", relató Bahamondes.

Estas manifestaciones se han realizado en diversas ciudades del país, destacando a Concepción como una de las concentra la mayor diversidad de agrupaciones, provenientes de diferentes comunas, siendo esta la primera de una serie de manifestaciones que vendrán a futuro.

Cabe señalar que fue presentada ante el Congreso una petición para ampliar el plazo de la Ley de Inclusión hasta marzo, de forma que los sostenedores y apoderados tengan más tiempo para saber sobre qué pasará con estos establecimientos.