En el discurso inaugural del Seminario Anual del gremio, el presidente de Clínicas de Chile, manifestaba que el Estado desconoce el costo de las prestaciones que se realizan en la red pública de salud. Este desconocimiento, según el dirigente, sería la razón del endeudamiento de los hospitales, y que de conocer esta información, le sería razonable acudir al sistema privado al saber de su similitud.

Esta aseveración tiene dos elementos a rebatir: los hospitales tienen un sistema de costeo de sus prestaciones que les permite conocer exactamente cuánto cuesta a la institución cada una de ellas, y cómo incide finalmente en ese valor cada rubro.

Del análisis de costos, se puede inferir que entre un 60% y a veces más de éstos son fijos y responden principalmente al rubro de remuneraciones; es decir, son independiente de la producción.

De esto se desprende que si se aumenta la producción, si se aprovecha la capacidad ociosa, si disminuyen los días no trabajados por movilizaciones, por ejemplo, si disminuye la suspensión de intervenciones quirúrgicas, aumenta el número de prestaciones y disminuye su costo unitario.

Por el contrario, si se refiere pacientes al sistema privado por gestión insuficiente o por alguna de las causas anteriores, entonces disminuye la producción y puede que en ese caso, los costos se igualen a los del sector privado.

Un medio se refería hace pocos días al alto valor de las consultas de urgencia en hospitales de alta complejidad al atender pacientes con patologías no urgentes (C4 y C5); de acuerdo a lo señalado, si se saca de estos servicios de urgencia al 60-70% de consultantes, que es lo común por estas categorizaciones, el costo unitario se elevaría considerablemente; sin embargo las verdaderas urgencias podrían ser atendidas en forma más oportuna y de mejor calidad, es decir, en forma más eficiente.

La verdadera razón del endeudamiento radica en que, conociéndose el costo de producción, los aportes institucionales no son los correspondientes a éstos, y si se supera el número de prestaciones programadas para satisfacer la demanda, el asegurador (Fonasa) no financia este mayor servicio a los usuarios.

Con esto se concluye que derivar pacientes al sistema privado, es un mal negocio para la salud pública y que la solución va por otra vía.

Se ha logrado un primer avance que permite la elección directa de gobernadores regionales, aunque todavía falta que la Cámara de Diputados apruebe la reforma constitucional y que una comisión mixta resuelva las eventuales diferencias con el Senado, para recién allí proceder a sancionar la ley orgánica que normará los comicios.

Si todo sale bien, vendrá después la discusión por las competencias de las nuevas autoridades y la Ley de Rentas Regionales, elementos que hacen viable la institucionalidad propuesta.

Pero, sin escoger democráticamente a nuestros representantes, no existe el estímulo necesario para impulsar estas reformas. Y mejor que sea cuanto antes, es decir, el 2017, no el 2020 ó el 2022.

En el intertanto, se puede conseguir que las competencias para el gobernador regional sean más de las 74 contempladas y que prevalezcan sobre las del delegado presidencial, figura que -en los demás países donde existe- se encarga solo del orden público.

¿Por qué este funcionario no elegido ejerce labores de coordinación, supervigilancia y fiscalización de los servicios públicos? ¿Por qué debe informar al Ejecutivo sobre el desempeño de los jefes regionales, ministeriales y judiciales? ¿Por qué radica en él la prevención y el control de situaciones de emergencia o de catástrofe?

¿Por qué el gobernador regional, en cambio, solo posee atribuciones para crear políticas, planes, programas y proyectos en materias de desarrollo social, cultural y económico, para elaborar el presupuesto regional y los instrumentos y decisiones de planificación territorial?

Algunos estiman que dar más autonomía limita con el federalismo, condición que se opone a nuestro tradicional Estado unitario. Pero eso es falso, ya que se trata de un todo formado por partes autónomas que ceden poder para formar un núcleo de gobierno, manteniendo la capacidad de emitir leyes, salvo cuando competen al conjunto de la federación.

Nada siquiera parecido se intenta resolver aquí, pues se aspira a dotar a los Gobiernos Regionales de capacidad para tomar decisiones.

Luego de resolver todo aquello vendrá la discusión sobre los recursos, debate que requiere defender el criterio por el cual el presupuesto anual del país define el marco de financiamiento de las regiones, correspondiéndole al Ministerio de Hacienda vigilar su cumplimiento, sin intervenir en nada más.

La tarea que queda por delante es enorme, pero es bueno recordar que no hay desarrollo sin descentralización.

La encuesta "Mirada Generacional a la Seguridad y Salud en el Trabajo", desarrollada por Mutual de Seguridad CChC y GfK Adimark con el propósito de conocer las opiniones y percepciones de los trabajadores chilenos sobre la seguridad y salud laboral, arrojó resultados que muestran un alto nivel de conciencia e importancia atribuida por los trabajadores a estos temas.

Entre otros resultados, destaca que un 62% de ellos la asocia con la no ocurrencia de accidentes, pese a que en este ámbito se sienten más expuestos a sufrir una enfermedad profesional que un accidente, percepción que se da especialmente entre los más jóvenes entre 22 y 35 años (millennials).

En línea con los cambios que ha experimentado el mundo del trabajo, y la disminución en las tasas de accidentes laborales, hoy es el estrés el gran problema de seguridad laboral, de acuerdo al 66% de los encuestados, algo que perciben en mayor medida los millennials (72%) y va disminuyendo en importancia en la medida que aumenta la edad 66% para la generación "X" y 59% para los baby boomers). Una explicación posible a esto es que las tasas de accidentes laborales han bajado 27,31% en los últimos cinco años -evitando que más de 79 mil trabajadores se accidenten en el periodo de 2011 a 2015 -, por lo que las preocupaciones en temas de seguridad y salud laboral empiezan a relacionarse más con temas de bienestar, sin que deje de ser importante la prevención de accidentes.

Los aspectos que más preocupan en términos de seguridad laboral -además del estrés - son el prolongado uso del computador (48%), pasar mucho tiempo sentado (46%) y los accidentes de tránsito con un 44%, y dentro de las preocupaciones por la posibilidad de sufrir accidentes laborales, casi el 70% cree que sus manos son la parte del cuerpo más expuesta.

De acuerdo al estudio, prácticamente todos los trabajadores le dan relevancia a la seguridad laboral, lo que es considerado una buena noticia ya que habla de trabajadores consientes sobre este tema, factor clave en la prevención de accidentes y enfermedades profesionales. Pero la generación "X" (36 - 50 años) y los baby boomers, son mucho más activos en la promoción de la seguridad entre sus pares.

Por otra parte, para el 60% de los trabajadores, la responsabilidad de la seguridad laboral es una tarea compartida entre el trabajador, la empresa y el Estado. Sólo para un 2% de los encuestados, la seguridad y salud en el trabajo es un tema que no le preocupa y sólo 1 de cada 10 trabajadores dice desconocer las conductas y acciones para prevenir accidentes y enfermedades laborales.

En cuanto a la nota con que los trabajadores evalúan la seguridad de su trabajo, en una escala del 1 al 7, el resultado promedio que arrojó es nota 5,0, donde los baby boomers son los más positivos, al evaluar la seguridad en su trabajo con nota 5,3.

Esta encuesta muestra que la seguridad y salud en el trabajo es un tema importante para los trabajadores de Chile, lo que no deja muy contentos ya que parte de nuestro trabajo es generar conciencia sobre este tema.

Crear una cultura de seguridad es el camino para seguir disminuyendo las tasas de accidentes y enfermedades laborales.