El Ministerio de Bienes Nacionales recuperó un inmueble de 800 metros cuadrados ubicado en la calle Penco, a pasos de la plaza de la comuna, luego que fuese ocupado de manera ilegal por un particular, por lo que se realizó la coordinación necesaria para el desalojo.

"Lo que hacemos es fiscalizar e intentar normalizar estas situaciones, ya que muchas veces se trata de personas con una situación social compleja que usan el inmueble con un fin habitacional. Si bien entendemos lo complejo que eso puede resultar, nosotros estamos obligados como Fisco a intentar normalizar ese escenario a través de un arriendo o permiso de ocupación", explicó el encargado de la Unidad de Bienes, Rodrigo Andrades.

En tanto, el seremi de Bienes Nacionales, Eric Aedo, puntualizó que estas propiedades fiscales deben estar en buenas manos o en buenos proyectos para que sea un beneficio para toda la población y no sólo en beneficios particulares que se la apropian de manera indebida.

"Es parte de nuestras tareas como Bienes Nacionales defender la propiedad fiscal. Cuando no podemos utilizar un inmueble para desarrollar políticas públicas ni para poder aportar a la comunidad por medio de una organización que desarrolla una actividad, hay un daño al patrimonio fiscal y al patrimonio de todos los chilenos. Es por eso que tratamos de recuperarlos, de manera de ponerlos a disposición de las políticas públicas y sociales del Gobierno", dijo.

La Seremi de Bienes Nacionales trabaja en encontrar el mejor destino para este inmueble, por lo que ya se están evaluando algunas solicitudes presentadas por organizaciones sociales de Penco.

Como una cifra récord calificó el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) el compromiso de un total de 41 candidatos municipales, tanto a alcalde como concejales, de variadas comunas de la Región del Biobío, a la iniciativa "Comuna Diversa", que busca impulsar la agrupación contra la discriminación en un periodo electoral.

"Esta situación nos alegra porque se trata de un respaldo transversal, como se refleja en la sumatoria de candidatos del Partido Socialista, Comunista, Partido por la Democracia, Democracia Cristiana, Evópoli, Amplitud, Igualdad, PRO, ecologistas e independientes", indicó el vocero del Movilh-Biobío, Esteban Guzmán, agregando que las comunas con mayor cantidad de inscritos son Concepción y Los Ángeles.

"Lo más significativo es que se ha firmado un compromiso que no es sólo una declaración de principios o de buenas intenciones, se trata de la propuesta electoral más ambiciosa e integral realizada por el movimiento de la diversidad sexual en período electoral municipal, desde la recuperación de la democracia", agregó Guzmán.

El compromiso de seis puntos plantea la creación de una ordenanza y una oficina contra la discriminación, izar la bandera en el frontis de los edificios consistoriales durante el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, conmemorado cada 17 de mayo, y desarrollar talleres o charlas de capacitación sobre diversidad, no discriminación y derechos humanos para funcionarios municipales, en particular para quienes trabajan en salud, educación y atención al público.

"Dichos compromisos también los promovimos en elecciones previas. Por tanto, en esta oportunidad añadimos dos nuevas propuestas, que se relacionan con los cambios culturales que ha vivido el país", añadió el vocero regional de la agrupación.

Guzmán complementó que los candidatos se han comprometido a igualar los derechos y deberes de casados y convivientes civiles que son funcionarios municipales, garantizando que todos los funcionarios y reparticiones municipales traten a las personas trans por su nombre y sexo social.

"Esto es muy importante, pues el Acuerdo de Unión Civil tiene algunos vacíos, que dejaron a discrecionalidad de los funcionarios públicos resolverlos", cerró.

El fin al copago o financiamiento compartido a nivel escolar es uno de los objetivos fundamentales que busca por medio de la Reforma Educacional el Ministerio de Educación (Mineduc). Por medio de la Ley de Inclusión, que entre otras cosas prohíbe el lucro, los recintos que ya contaban con la Subvención Escolar Preferencial (SEP) verían un aumento en los recursos cercano al 20% y podrían además acceder a fondos adicionales de gratuidad si renunciaban al copago antes de agosto del año pasado.

En el caso de la Región del Biobío, un total de 69 establecimientos mostraron su disposición de adscribirse a la nueva legislación de manera gradual, beneficiando a cerca de 48 mil alumnos.

Para el proceso 2017, 58 colegios ya avanzan los trámites para dicho proceso representando una importante expansión en la cobertura del Mineduc.

"Los recintos que quieran pasar directamente a la gratuidad tienen plazo hasta el 31 de diciembre y hasta el momento hemos recibido solicitudes de Chillán y San Carlos para el próximo año. Sin embargo no hay que confundirse, ya que algunos colegios concretaron la transformación a instituciones sin fines de lucro y otros han decidido transitar este camino de la gratuidad, donde continuarán con el copago hasta que se equipare la brecha con aquellos que están adscritos", explicó el seremi de Educación, Sergio Camus.

POSITIVA EXPERIENCIA

Los recintos educacionales que gradualmente comenzaron a implementar esta nueva legislación han valorado el real aporte que significa la inyección de recursos tanto para los alumnos como sus apoderados.

El Liceo Almirante Pedro Espina Ritchie A-21 es uno de los recintos municipales con mayor cantidad de alumnos en Talcahuano; cerca de mil 200 estudiantes integran la comunidad educativa del establecimiento y sus autoridades destacan la posibilidad de recibir más recursos, que les permitan fortalecer el currículo escolar.

"Este año los apoderados ya fueron informados de que no tendrían que realizar más aportes, lo que tomaron de muy buena forma ya que es un alivio para ellos, independientemente del aporte que hacían. Los fondos del Mineduc les hizo sentir que sus aportes anteriormente realizados fueron bien recompensados", manifestó su director Sergio Ulloa.

Misma reflexión realizó Harry Cifuentes, director del Liceo Bicentenario de Los Ángeles, que cuenta con cerca de mil 500 estudiantes y es uno de los principales recintos municipales de la provincia del Biobío: "El ingreso de más recursos nos permite fortalecer el currículo, con la compra de artículos y atendiendo los pedidos de nuestros docentes, pero sobre todo con el correcto uso de estos fondos como un apoyo educativo a nuestros alumnos y el claro objetivo de mantener los estándares de excelencia académica".

Para Edgardo Quezada, director del Liceo Técnico Profesional Jorge Sánchez Ugarte de Concepción, la clave del beneficio está en lo que representa para los apoderados de los alumnos.

"Para ellos ha sido un aporte importantísimo en su presupuesto familiar. La ventaja que tenemos es que con la gratuidad podemos recibir aportes adicionales que nos permiten seguir trabajando para el beneficio de todos nuestros alumnos", dijo.

Las autoridades académicas de estos recintos coincidieron en que el fin gradual del copago no tendrá un impacto tan grande, gracias a la entrega de los recursos SEP que este año aumentaron en un 20%. "El diferencial nunca ha sido tan relevante en ese sentido, pese a que significa un aporte importante y un alivio para los padres", manifestó Edgardo Quezada, de Liceo Jorge Sánchez de Concepción.

"La Unidad de Apoyo al Sostenedor se ha encargado de informar oportunamente y colaborar con aquellos recintos que aún no toman una decisión respecto a su futuro", cerró el seremi Sergio Camus.

Como presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, el senador Alejandro Navarro llamó a crear una comisión de verdad y reparación, con el fin de que "el Estado reconozca y compense las graves violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en Chile, en el marco del sistema de protección de niños y niñas, como los trágicos casos conocidos al interior de los centros del Sename".

Navarro comentó que en Canadá ya ejecutó esta idea. "En su informe final de junio de 2015, acreditó que en el sistema de Internados Indígenas, que funcionó durante más de 100 años, entre 1883 y 1998, unos 150.000 niños indígenas sufrieron abusos sexuales, discriminación, e incluso torturas".