En una reunión que abordó las materias pendientes sobre diversidad sexual, el Gobierno, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alcanzaron ayer un acuerdo para impulsar un proyecto de ley de matrimonio igualitario.

La iniciativa tuvo su génesis en la demanda que presentó el Movilh contra Chile ante la CIDH en 2012, que alude a la prohibición del matrimonio igualitario en Chile.

El comisionado de la entidad interamericana, Enrique Gil Botero, calificó el acuerdo de "histórico" y puntualizó que este proyecto de ley "igualará todos los deberes y derechos entre parejas homosexuales y heterosexuales. Sino, no se podría llamar matrimonio igualitario".

Desde La Moneda, el vocero Marcelo Díaz señaló que desde el viernes se han sostenido "rondas de conversaciones para buscar una solución amistosa a esta demanda".

"Hay un principio de acuerdo que reviste aún el carácter de confidencial, toda vez que se trata de un preacuerdo que debe ser ratificado por las partes", remarcó el titular de la Segegob.

En los próximos 20 días se conocerá en una ceremonia pública el documento de seis páginas. Se espera que el Gobierno presente este proyecto de ley el primer semestre de 2017.

antecedentes

En la cita, a la que acudieron miembros de las tres partes, se abordó la queja del Movilh ante la CIDH, ingresara en 2012 luego que la Corte Suprema rechazara el recurso de protección a favor de tres parejas del mismo sexo y a quienes el Registro Civil les negó el derecho a casarse.

Tras la aprobación y puesta en marcha del Acuerdo de Unión Civil (AUC) el año pasado, enlace válido para las parejas de distinto o igual sexo, las organizaciones por la diversidad no han desistido de sus negociaciones para que este trámite se convierta en matrimonio igualitario.

Esta no es la única demanda por parte del Movilh y otras organizaciones. En la sala del Senado se encuentra en trámite la ley de identidad de género. Esta inciativa permite, entre otras medidas, el trámite administrativo y de carácter reservado del cambio de nombre y sexo legal, lo que beneficiará a las personas transexuales. La Comisión de Derechos Humanos del Senado también aprobó el año pasado que este trámite fuera efectivo en menores de edad con la autorización de sus tutores.

Sobre este y otros temas, abordados en la reunión con representantes del Gobierno y la CIDH, el dirigente del Movilh Rolando Jiménez subrayó que "hemos alcanzado una solución amistosa para un proyecto de ley de matrimonio igualitario, pero además se han incorporado en este acuerdo aspectos que tienen que ver con otras situaciones que afectan los derechos y la dignidad humana de la diversidad sexual".

Según Jiménez, "se trata de un acuerdo sin precedentes en el mundo, y así lo hizo ver y resaltó en varias ocasiones el relator Gil Botero".

El Movilh agradeció las gestiones de Cancillería y de su Departamento de Derechos Humanos para sellar el preacuerdo. Sin embargo, la agrupación recalcó que "con la solución amistosa de hoy no se ha retirado demanda internacional por el matrimonio igualitario. Esto, pues por normativa, las demandas sólo se entienden por retiradas, una vez que todos los compromisos asumidos en el acuerdo se cumplan".

Los parlamentarios de la llamada banca transversal de seguridad ciudadana, acudieron ayer hasta la Iglesia de la Gratitud Nacional de Santiago, que fue saqueada durante la marcha estudiantil del jueves, y pidieron al Gobierno que le otorgue urgencia al proyecto de ley que sanciona a los encapuchados.

Durante la manifestación del jueves un grupo de encapuchados sacó de la iglesia al Cristo y la quebraron lanzándola contra el pavimento en pleno centro de la capital.

Los diputados Gonzalo Fuenzalida (RN), Claudia Nogueira (UDI) y Daniel Farcas (PPD), llamaron al Ejecutivo a darle urgencia al proyecto que ingresó al Parlamento la semana pasada y que permite detener de manera inmediata y aplicar multas de 1 a 4 UTM, a las personas que sean sorprendidas en manifestaciones ciudadanas ocultando su rostro.

El proyecto, que fue presentado por la llamaba bancada transversal antidelincuencia el pasado 31 de mayo, será analizado el miércoles en la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara.

"Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, usted es la única que puede parar esto", dijo Fuenzalida, quien añadió que "esta tramitación puede ser larga, media larga o rápida, si tiene la urgencia que usted le tiene que poner a esta ley. Esto puede transformarse en una ley que erradique finalmente a los encapuchados de las manifestaciones".

"Para terminar con los encapuchados tiene que haber una ley dura, y para ello necesitamos que el Gobierno se sume a este esfuerzo", sostuvo el parlamentario opositor.

A pesar que el proyecto plantea multas de entre 1 y 4 UTM ($43.760 a $175.040), el parlamentario aseguró que "he ido cambiando mi parecer y creo que hay que poner una pena privativa de libertad en un rango entre 541 días y 3 años y un día. Hay que poner una pena alta que sea disuasiva".

Fuenzalida afirmó que "el proyecto es muy simple", pues sólo sanciona a quienes oculten su cara en manifestaciones sociales en las que existan desórdenes públicos. "No estamos hablando de la fiesta de La Tirana ni Halloween, porque algunos van a querer caricaturizar esta discusión", aclaró.

Nogueira, por su parte, aseveró que "no basta sólo con el reproche social de los organizadores de las marchas. Ellos deben hacerse responsables y además tenemos que tener una ley antiencapuchados".

"La descomposición social que produce esta violencia que se genera al interior de las marchas, no tiene nada que ver con la demanda social legitima de los estudiantes o de cualquiera que pueda reclamar un derecho social. Perturba la convivencia social", agregó en repudio a lo sucedido en la marcha del jueves.

"Debemos dar señales concretas y severas contra aquellos que solamente se encapuchan para delinquir y hacer un profundo daño a todos y todas las chilenos", sostuvo la parlamentaria gremialista.

"Es un delito que personas se infiltren en marchas legítimas para perturbar la paz social. En ese sentido, es necesario calificar como delitos a aquellos que se cubren el rostro para causar daños y delinquir", sentenció.

Posición del Gobierno

Por su parte, el ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, reiteró la postura de la Presidenta Michelle Bachelet frente al tema, destacando que "con o sin capucha estos son delitos que deben ser perseguidos por la justicia, por tanto, yo no creo que sea la ley la que resuelva el problema".

El vocero de La Moneda enfatizó que el Ejecutivo está dispuesto a discutir las iniciativas que presenten los parlamentarios, pero aclaró que el Gobierno no busca leyes que surjan desde la contingencia, "sino que sean leyes pertinentes, efectivas y que resuelvan los problemas. Vamos a discutir, vamos a conversar lo que ellos quieran plantear, pero nos interesa más la eficacia que la discusión de ideas que a veces surgen muy en caliente de hechos puntuales".