Esteban Cona y Rodrigo Viluñir deberán enfrentar un nuevo juicio por los delitos de incendio, robo calificado y tenencia ilegal de arma de fuego y municiones.

Ambos fueron detenidos en el marco de la investigación por el ataque que sufrió en su casa un parcelero de Cañete en noviembre de 2014, quien luego disparó por error a tres carabineros, uno de los cuales falleció, al confundirlos con quienes lo habían agredido.

En el primer proceso, concluido en octubre de este año, el Tribunal Oral de Cañete absolvió a ambos imputados de los delitos de robo calificado e incendio. No obstante sancionó con 541 días de pena remitida a Esteban Cona por un delito contemplado en la Ley 20.000 de drogas, al ser sorprendido con marihuana en su domicilio al momento de la detención.

Rodrigo Viluñir recibió una sanción similar por receptación, ya que tenía en su poder una motosierra que fue sustraída a la víctima la noche del ataque.

Razones

El fiscal Juan Yáñez, quien forma parte del equipo investigativo regional (EIR) de la Fiscalía para indagar los hechos de violencia rural en el cono sur de la Provincia de Arauco, contó que este segundo juicio se realizará gracias a que la Corte de Apelaciones de Concepción acogió los argumentos presentados.

Básicamente, explicó, la argumentación se basó en las condiciones especiales que representa el caso y con ello, la presentación de antecedentes que refuercen las imputaciones. Esto, pues desde la perspectiva del Ministerio Público, los jueces no habían valorado correctamente la prueba presentada durante el juicio oral.

"Significa aceptar que las pruebas directas existen, pero que las indirectas también deben ser valoradas. En situaciones como las que tenemos en la zona por esta violencia rural, muchas veces nos vemos sometidos a la imposibilidad de presentar los testigos directos", manifestó el fiscal Yáñez.

Además, recordó que para Cona y Viluñir se solicitaban penas que en su conjunto suman aproximadamente 40 años de presidio.

Disculpas públicas, medidas contra el conductor y que se le permita al Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, Movilh, realizar capacitaciones a los choferes de la locomoción colectiva. Esas son las acciones que el Movilh solicitó en respuesta a la agresión que sufrió el 12 de diciembre Osvaldo Zapata.

Juan Pablo Spoerer, abogado del Movilh, contó que ayer se envió una carta al representante de la línea de buses Vía Láctea, donde se produjo el ataque. Agregó que esto fue por la orientación sexual del joven.

Detalle

Esteban Guzmán, vocero del Movimiento, contó que para costear sus estudios de peluquería, el afectado trabaja como garzón en mall Plaza Trébol. El hecho ocurrió en ese lugar, donde esperaba locomoción para regresar a su hogar.

Guzmán detalló que el estudiante le mostró el pase escolar al chofer, quien le consultó que estudiaba. Cuando Zapata le respondió que peluquería, el chofer comenzó a insultarlo. "El estudiante lo ignoró y tomó un asiento. Al pasar unos minutos, el joven informó al conductor su paradero, sin embargo el sujeto se negó a estacionar en reiteradas oportunidades y comenzó a agredir al joven con palabras del tipo 'hueco' , 'maricón'", aseguró.

Luego, mencionó, cuando el joven logró bajar, le reprochó al conductor la atención y la agresión a los pasajeros. Pero, al caminar unos metros, se dio cuenta que el sujeto bajó del taxibus y lo siguió. Después de insultarlo le quitó la cámara con la que estaba grabando lo sucedido y lo golpeó con patadas en su rodilla, muslo y testículos.

Denuncia

Después de lo ocurrido, confirmó el abogado Juan Pablo Spoerer, Zapata llamó a carabineros, constatando lesiones en el Hospital Las Higueras, donde formalizó la denuncia por lo ocurrido. Se espera que en las próximas semanas sea citado a declarar por el caso. Además se está evaluando la presentación de una demanda, invocando la ley antidiscriminación, conocida como Ley Zamudio.

Son 20 las personas actualmente investigadas por clonación de la Tarjeta Nacional Estudiantil, TNE, siendo 17 de ellas formalizadas por la Fiscalía de Concepción. Los tres jóvenes restantes, acusados de utilizar un instrumento público falsificado, tienen órdenes de detención por no presentarse a la formalización.

El fiscal Nelson Vigueras explicó que la investigación comenzó en 2013, tras denuncias realizadas por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Junaeb, que recibieron tarjetas falsificadas desde choferes de la locomoción colectiva en el Gran Concepción.

INVESTIGACIÓN

La indagatoria que permitió identificar a veinte jóvenes, en su mayoría estudiantes de universidades penquistas, se extendió por más de dos años. En ella se detectó que compraron en $5.000 ó $10.000 una TNE, instrumento público al igual que el carnet de identidad.

Según el fiscal Nelson Vigueras, dos de los formalizados se encargaban de la falsificación y una tercera involucrada, ex pareja de uno de los investigados, a distribuirlas. Los imputados fueron identificados como Álvaro Pincheira (quien falsificaba los sellos), Joseline Estrada y Jonathan Mendoza. Los dos varones fueron detenidos en sus domicilios, ubicados en Concepción.

En tanto, las penas que arriesgan los estudiantes que fueron sorprendidos utilizando las TNE y que se presentaron a la formalización, va desde los 61 días a los cinco años por falsificación de sello, según explicó el fiscal Vigueras.

Además, y dada la colaboración e irreprochable conducta anterior, lo más seguro, dijo el fiscal, es que en los próximos días "vamos a evaluar alguna salida alternativa", que sería "una suspensión condicional del procedimiento".

Diferente es el caso de las dos personas que se encargaban de crear las tarjetas falsificadas, a quienes la Fiscalía de Concepción quiere llevar a juicio. Para ellos, las penas que arriesgan son de "presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo. O sea, el rango va desde los tres años y un día, hasta los 10 años de cárcel, y por eso queremos llevar a juicio".

MODUS OPERANDI

Según el fiscal a cargo, los falsificadores utilizaban un método artesanal, donde "utilizaban un sistema de escaneo con un documento original, y los imprimían mediante sistema de inyección de tinta para luego distribuir las TNE".

El contacto con los compradores se hizo a través de sus cuentas personales de Facebook. Es ahí donde la Fiscalía los identificó. Además, la investigación reveló que ellos entregaban por encargo, lo que explica por qué al momento de la detención no se encontraron tarjetas falsificadas, sino las herramientas para hacerlas solamente.

RESPUESTA DE JUNAEB

Para la directora regional de Junaeb, Karina Silva, toda investigación que revele resultados se agradece. "Valoramos enormemente los resultados obtenidos tras las investigaciones y agradecemos la labor de la Fiscalía y (las policías)", mencionó.

Silva agregó que "es importante destacar que la Tarjeta Nacional Estudiantil es un documento personal e intransferible, elaborada bajo altos estándares de calidad y seguridad con el fin de evitar falsificaciones y mal uso".

Asimismo, la autoridad destacó que este año se incorporaron elementos "como el holograma, la tinta invisible y el chip, lo que aumenta los niveles de seguridad y reduce las posibilidad de falsificación".