Afectados por derrumbe de Alto Río se querellan por estafa

Hoy presentarán otra acción legal, esta vez por la muerte de tres de los ocho fallecidos en el derrumbe.

Una querella por estafa presentaron ayer los abogados Enrique Hernández y Gabriel Galleguillos, en representación de 42 propietarios de Edificio Alto Río, donde murieron ocho personas tras el terremoto del pasado 27 de febrero.

Los abogados explicaron que la acción legal es en base a una figura que indica una entrega fraudulenta a los propietarios del edificio. "Dentro del Código Penal existe la figura de entrega fraudulenta, que se configura cuando la calidad de los materiales que componen la obra no son los que supuestamente se entregaron a la comunidad, porque a ellos se les dijo que eran antisísmicos, "y eso queda claro que no fue así, con el derrumbe del edifico, el único de Concepción, el único de Chile".

Por eso, dentro de las siete diligencias solicitadas en la acción legal, los abogados pidieron un peritaje del departamento de Obras Civiles de la Universidad Federico Santa María de Valparaíso, a cargo del profesor Carlos Aguirre, ingeniero especializado en Ingeniería Sísmica.

Además, la acción legal solicita que la Brigada de Delitos Económicos de la PDI incaute todos los documentos de la Constructora Socovil y la Inmobiliaria Río Huequén y que el Conservador de Bienes Raíces entregue toda la documentación referida a estas sociedades.

A la misma hora, el abogado Renato Fuentealba, presentaba una querella por simulación de contratos, debido a que la empresa Socovil traspasó todo su patrimonio, avaluado en mil 100 millones de pesos, a tres nuevas sociedades: Monteverde, Río Liucura y Santa Elvira, presuntamente para evadir responsabilidades monetarias que puedan salir de las acciones legales que presentarán los afectados por el derrumbe. Esta acción se concretó a través de tres contratos firmados en Chillán, el 6 de marzo , una semana después del terremoto.

"Esa acción pretende que se establezca que los contratos que se firmaron por estas personas son simulados y están celebrados en perjuicio de nuestros representados, porque pueden salir del patrimonio sobre el cual nuestros representados van a presentar acciones civiles", aseguró el abogado.

La acción legal fue presentada ayer en el Juzgado de Garantía de Concepción contra Juan Ortigosa Ampuero y Ricardo Baeza Martínez, representantes de la inmobiliaria Río Huequén y de Felipe Parra Zanetti, como representante de la Constructora Socovil y de todos aquellos que resulten responsables. La investigación ya fue iniciada por el Ministerio Público y está encabezada por el fiscal Nelson Vigueras.

declaración de socovil

En un comunicado, Juan Ignacio Ortigosa y Ricardo Baeza, aseguraron ayer que "es absolutamente falso" que el patrimonio de Inmobiliaria Río Huequen Ltda. o Constructora Socovil, haya experimentado disminución o menoscabo con posterioridad al 27 de febrero.

Además, se aseguró que se han suspendido todas las operaciones que impliquen compra o enajenación de activos. "Estamos comprometidos en responder a nuestros clientes y especialmente a las víctimas y sus familiares, con algunas de las cuales se han convenido acuerdos extrajudiciales de indemnización", finaliza el comunicado.